La gratuidad como mecanismo para garantizar el derecho de acceso a la justicia en el sistema arbitral ecuatoriano

Esta tesis hace un análisis de la gratuidad como mecanismo para garantizar el derecho de acceso a la justicia en el sistema arbitral ecuatoriano. Tiene como objetivos determinar si los costos arbitrales en Ecuador limitan el derecho de acceso a la justicia, vertiente del derecho a la tutela efectiva; y analizar si la figura del beneficio de litigar sin costes ayudaría, o no, a hacer realidad el derecho de acceso a la justicia arbitral. Se eligió este tema por considerarse que el sistema de justicia ecuatoriano actual se encuentra ralentizado en su funcionamiento debido a un exceso de carga de trabajo y por problemas de personal; por un lado, la falta del mismo y, por el otro, la ausencia de una capacitación integral de los funcionarios existentes en las funciones que van a desempeñar. El acceso a la justicia, que en los Estados de derecho es un principio básico, para estar garantizado debe atender también a la parte de la población de menos ingresos cuando precisa afrontar eventuales demandas judiciales, por ello la litigación sin costes requiere ser estudiada por ser un recurso que pueden usar personas cuyas circunstancias les exigen querellarse, pero no pueden pagarlo por carecer de recursos económicos para pagar estos servicios legales. Para llevar a cabo estos objetivos, y responder a la pregunta de investigación (¿es necesario introducir la figura del beneficio de litigar sin costas en la justicia arbitral ecuatoriana?) se hizo acopio de la información mediante revisión bibliográfica y normativa; se analizaron distintas soluciones implementadas en otras legislaciones, por ejemplo, el amparo de pobreza de Colombia, el sistema arbitral de consumo de España y Perú o las distintas iniciativas de índole público y privado de Chile que facilitan el acceso a la justicia arbitral. De este modo, se llegó a varias conclusiones: la falta de recursos económicos constituye una gran barrera en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, pero que en Ecuador a raíz de la Constitución de 2008, el Estado implementó un sistema de justicia gratuito, eliminando tasas u otro tipos de contribuciones económicas para poder acceder a los órganos de justicia; además creó la Defensoría Pública, entidad encargada de brindar el servicio de representación jurídica para aquellas personas de escasos recursos económicos

Una mirada crítica a la aplicación del amparo de pobreza en el proceso arbitral colombiano

El presente artículo tiene como finalidad analizar la aplicabilidad teórica y práctica del amparo de pobreza en el proceso arbitral, y evaluar la posibilidad de emplear el arbitraje social como una herramienta para la búsqueda de una justicia incluyente e igualitaria. El amparo de pobreza se fundamenta en la necesidad de lograr el acceso a la administración de justicia y la igualdad material, brindando a las personas de bajos recursos económicos una posibilidad de resolver sus conflictos. Sin embargo, el arbitraje no parece ser compatible con dicha lógica, porque dada su naturaleza, para acceder a este proceso se hace necesario sufragar ciertos costos

Políticas de igualdad e intereses colectivos

Si bien al hablar de igualdad y derechos colectivos nos situamos aparentemente en dos espectros distintos de los derechos humanos, siguiendo a VASAK y su teoría de las tres generaciones, de un lado en el rango de un derecho fundamental, y del otro, en toda una amplia gama de derechos de tercera generación, es en realidad, en una misma órbita en donde debemos ubicarnos: en la del Estado de Social Derecho. Y es allí, donde la capacidad que éste tenga para hacer frente a los desafíos que trae consigo su cumplimiento -sin olvidar el de los derechos económicos, sociales y culturales-, se convierte en el mejor elemento de juicio para determinar su éxito o fracaso, en una sociedad fracturada por un sinnúmero de fenómenos que atentan cada vez más contra las garantías y libertades de los ciudadanos. En este contexto, en el marco del programa de actividades formativas del Doctorado en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de Igualdad, se organizó un Foro Académico cuya pretensión no era otra sino la de presentar a la comunidad una serie de reflexiones sobre algunos de estos mencionados fenómenos, a partir de la visión aquí propuesta

Defensa pública y acceso a la justicia constitucional de personas en situación de vulnerabilidad económica

La presente investigación surge atendiendo a nuestra preocupación por el rol del Estado como garante de derechos fundamentales, para lo cual, cuenta con instituciones como el Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, la Dirección General de Defensa Pública, entre otras, que viabilizan la tutela de dichos derechos. De otro lado, los derechos fundamentales, en su condición de máximas de optimización orientadas a su máximo desarrollo y ejercicio, deben estar garantizados por mecanismos idóneos y eficaces que permitan su protección en caso de vulneración o amenaza. En tal sentido, los Procesos Constitucionales, constituyen los mecanismos específicos que buscan la protección de los citados derechos. Sin embargo, estos, no garantizan per se la protección de los citados derechos, pues previamente debe existir la posibilidad real de acceder a un tribunal, supuesto que ha sido recogido dentro del derecho a la Tutela Procesal Efectiva. Uno de los componentes esenciales de la Tutela Procesal Efectiva, es el acceso a la justicia, como derecho que posibilita a toda persona poder ejercer su derecho de acción ante los tribunales de justicia, cuando considere que se ha vulnerado o restringido alguno de sus derechos fundamentales. Para la concreción de dicho derecho, es necesario asegurar la inexistencia de barreras que puedan dificultar o imposibilitar el acceso a los citados tribunales o que dentro de ellos, existan situaciones que pudieran limitar el actuar de quien requiere tutela.Tesi

The right of access to the administration of justice: a perspective from the jurisprudence of the Colombian Constitutional Court

Uno de los derechos más importantes que contempla la Constitución Política de Colombia de 1991 es el acceso a la administración de justicia. Este concepto, a pesar de ser tan amplio y complejo, ha sido desarrollado exhaustivamente por la Corte Constitucional. En ese sentido, en el presente artículo se plantean los resultados de una investigación jurídica con enfoque mixto, que buscaba analizar el concepto, contenido, alcance y desarrollo de este derecho fundamental desde la jurisprudencia de la Corte Constitucional entre 1991 hasta el año 2017. Para este caso, se realiza el estudio del acceso a la administración de justicia en el ámbito constitucional, internacional y legal, de acuerdo con la información obtenida en la jurisprudencia constitucional, que es procesada a partir de un muestreo estadístico, y a través de una ficha de análisis de providencias. De esta manera, se encontró que, para la Corte Constitucional, el acceso a la administración de justicia es un derecho multicomprensivo que abarca tanto garantías sustanciales como procesales. Adicionalmente, se concluyó que guarda una estrecha relación con el debido proceso y se materializa desde tres perspectivas distintas: la pre procesal, la procesal y la pos procesal, empero, hay obstáculos económicos y procesales que en ciertas ocasiones impiden su concretización.One of the most important rights contemplated in the 1991 Political Constitution of Colombia is access to the administration of justice. This concept, despite being so broad and complex, has been exhaustively developed by the Constitutional Court. In this sense, this article presents the results of legal research with mixed approach, which seeks to define the concept, content, scope and development of this fundamental right from the jurisprudence of the Constitutional Court between 1991 to 2017. In this case, the study of access to the administration of justice is carried out, in the constitutional, international and legal sphere, in accordance with the information obtained in the constitutional jurisprudence, which is processed from a statistical sampling, and through analysis sheets. In this way, with the findings found in the jurisprudence of the closure organ of the constitutional jurisdiction, it will be showed the meaning and content that this Court has given to the studied right. At the same time, it will be presented the obstacles to the access to justice found in the constitutional jurisprudence of Colombia

Aplicaciones del derecho de defensa en materia laboral

El debido proceso ha sido considerado como una de las grandes conquistas a las que ha llegado en los últimos tiempos los ordenamientos jurídicos en el mundo, después de haber pasado a través de la historia por episodios donde reino la arbitrariedad judicial y el desconocimiento de todo tipo de derechos a los ciudadanos.66 p.Contenido parcial: Bilateralidad de la audiencia -- Manifestaciones de la bilateralidad de la audiencia -- Jurisprudencia constitucional -- Aplicación de la bilateralidad de la audiencia en el derecho laboral

Acceso a la justicia y la participación ambiental

Este paper examina en detalle el marco constitucional dispuesto en 1991 para la protección del medio ambiente y la configuración del Estado colombiano frente a los nuevos retos que plantea la protección ambiental. Lo anterior, a partir de dos elementos claves para entender el papel de los mecanismos jurídicos en la defensa de la naturaleza y el ambiente: la participación ambiental y el acceso a la justicia ambiental, ello, con el fin de conocer los instrumentos que reconfiguran el Estado para que la ciudadanía y las organizaciones sociales puedan ejercer una defensa jurídica del medio ambiente, que aporte a la construcción de la justicia ambiental

Towards a reconstruction of equality case-law trends in Latin America and the Caribbean: on non-discrimination, anti-subordination, redistribution and recognition

Fruto de una de las líneas de investigación del equipo que integro, el presente trabajo fue escrito en colaboración por la magnitud de la información relevada en materia de jurisprudencia regional. Mi intervención en el artículo se concentró en el análisis conceptual de las diversas fórmulas de igualdad, en particular en sus versiones más avanzadas; y en el relevamiento, selección y análisis de la jurisprudencia vinculada a pobreza, nacionalidad y orientación sexual. En el mismo se propone establecer la medida en que la jurisprudencia de los tribunales superiores y constitucionales de la región puede ser reconstruida como un indicador de la receptividad (o no) del enfoque de la desigualdad estructural. Sostenemos que es necesario ampliar la fórmula de igualdad como principio de no-dominación o no-sometimiento. Desde esa perspectiva se analizan con detenimiento los casos llegados a la Cortes y Tribunales de diversos Estados de América Latina y el Caribe sobre desigualdad por razón de pobreza, de nacionalidad, de etnia, de la situación de discapacidad, de la edad o de la orientación sexual. excluimos la jurisprudencia en materia de género o de pueblo o comunidades originarias por haber sido objeto de otros trabajos.The article begins by 1) presenting the reader to some generalities concerning the equality test (the concept of formal equality and substantive equality in terms of antisubordination and the perspectives of redistribution and recognition). It then reviews decisions from a number of Latin American countries ' high courts as well as others rendered by the Inter American Commission on Human Rights (I/A CHR) and the Inter-American Court of Human Rights (IA Court HR) related to discrimination based on nationality, age, disability, and sexual orientation. The analysis of the cases shall contribute to determine the concept of equality that prevails in each decision (as evidenced in the grounds provided by the judge as well as in the remedies awarded). Finally we attempt to draw some conclusions over the prevailing trend in the region concerning equality.Fil: Clérico, María Laura. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho; ArgentinaFil: Ronconi, Liliana Mabel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho; ArgentinaFil: Aldao, Martin Maria. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Dr. Ambrosio L. Gioja"; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentin

La proporcionalidad y la igualdad en el reconocimiento de amparo de pobreza

El presente documento nace con la intención de crear un elemento provocador de la discusión sobre la figura jurídica del amparo de pobreza y su relación con principios fundamentales, tales como la proporcionalidad y el derecho a la igualdad. Para la vida jurídica contemporánea, se reconoce como instituto procesal desde las Siete Partidas en la génesis del derecho en occidente, y en Colombia se aplica desde el año 1923 con el Código de Arbeláez; Además, ha sido tema de diferentes debates de interpretación jurídica y ha cumplido, en su función medular, como instrumento de protección respecto a permitir el acceso de todas las personas a la administración de justicia y garantizar la igualdad de las partes en litigio, cuando alguna o ambas no se encuentren en capacidad económica de asumir los gastos que pueda exigir un proceso. Tomando en cuenta que la ley de la experiencia ha demostrado que los conceptos en idiosincrasias como la colombiana no han empujado al perfeccionamiento de sus relaciones sociales, sino más bien a la trasgresión de la regla y el salto a la sana costumbre, la presunción de buena fe se ha convertido en un factor de riesgo para la efectiva aplicación de la justicia; de esa forma, determinar que el camino para la seguridad jurídica parta de la buena intención de las partes lejos de la necesaria rigidez de la regla es cuando no utópico, ingenuo. Se hace indispensable, entonces, que esta institución jurídica se someta a un ajuste profundo en lo que atañe a las condiciones para concederlo; además, es urgente, en aras de prevenir la violación de derechos fundamentales, suministrar a los operadores jurídicos herramientas precisas, que los distancien de la interpretación subjetiva y que, así, beneficien principios como la celeridad y la seguridad jurídica; claro está, sin que esto riña con los fines que la figura protege en su núcleo esencial, como la igualdad, el efectivo acceso a la administración de justicia y la gratuidad. La legislación y la jurisprudencia colombiana, en distintas oportunidades, han trazado importantes líneas progresistas apoyadas en la filosofía constitucional, para estandarizar su funcionalidad y determinar unos límites generales relativamente abstractos para su concesión, pero, dado que el concepto de pobreza transversaliza áreas que van más allá del ámbito jurídico, es preciso entender cuál es el punto común para su definición en todos los campos del conocimiento y, con ello, determinar a precisión no tanto el concepto sino la realidad que define esta condición. Por lo aquí expuesto, se justifica proponer, desde este artículo, que se establezca sustancialmente la definición de la condición de pobreza para acceder al amparo y que, como complemento a lo anterior, se desarrollen procedimientos previos a la concesión de esta herramienta de protección, ante todo en el campo probatorio, como formas no discrecionales de los jueces que orienten su actuar en esta materia, a fin de darle más legitimidad a tan importante figura, de la mano de una legalización diáfana sustancial y procesal.Universidad Libre Seccional Pereira -- Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales -- DerechoThis document is born with the intention of creating a provocative element of the discussion about the legal figure of the amparo de pobreza and its relationship with fundamental principles such as proportionality and the right to equality; For contemporary legal life it is recognized as a procedural institute since Las Siete Partidas in the genesis of law in the West, and in Colombia since 1923 with the Código de Arbeláez, it has been in different debates of legal interpretation and the axis of its core function as an instrument of protection regarding the access of all persons to justice and guarantee the equality of the parties in litigation when one or both are not economically able to assume the costs that may require a litigious process. Given that the law of experience has shown that the concepts in human beings have not pushed to the improvement of their social relations, but rather to the transgression of the rule, the leap to the sound custom and the presumption of good faith become points of risk in reality, determining that the path to legal certainty starts from the good intention of the procedural subjects far from the necessary rigidity of the rule is naive, if not utopian; It is therefore essential that this legal institution be subjected to a profound adjustment as regards the conditions for granting it; furthermore, it is urgent in order to prevent the violation of fundamental rights, to provide legal operators with precise tools that distance them from subjective interpretation in favor of principles such as speed and legal certainty, without this clashing with those that the figure protects in its essential nucleus such as equality, effective access to the administration of justice and free of charge. Laws and jurisprudence on different occasions have already drawn important progressive lines to standardize its functionality and determine relatively abstract general limits for its concession, but since the very concept of poverty transverses areas that go beyond the legal field, it is important to understand what is the common point for its definition in all fields of knowledge, and thus determine precisely not so much the concept, but rather the reality that defines this condition. In view of the above, it is justified to propose in this article that the definition of the condition of poverty for access to amparo be substantially established, and that as a complement to the above, procedures be developed prior to the granting of this protection tool, above all in the field of evidence, as non-discretionary ways for judges to guide their actions in this matter in order to give it more legitimacy through a clear substantial and procedural legalization